Persecuciones judiciales: la búsqueda de fueros como estrategia

01 de agosto de 2020

Hace años que la Argentina tiene serios problemas que atañen a la calidad de sus instituciones, pero con el proyecto de reforma no hay ninguna intención de resolverlos.

En la Argentina, la política y la justicia se entrecruzan constantemente en una relación espuria. Son principalmente los tribunales federales de Comodoro Py (aunque no solamente) los que se convierten en un campo de batalla de acusaciones cruzadas y bombardeos con expedientes.

Históricamente, el poder de turno ha influido sobre jueces y fiscales para amedrentar y perseguir a la oposición. Aunque no se termina allí, también se los ha utilizado para acosar a otras personalidades no encolumnadas (como empresarios o periodistas), que implicasen una piedra en el zapato o tan solo como una demostración de fuerza.

Basándonos en estos antecedentes, el proyecto que promueve el presidente Alberto Fernández para reformar el sistema judicial (particularmente la justicia federal y ¿la Corte Suprema?) genera preocupación. En especial, porque ha sido el kirchnerismo (sobre todo durante el gobierno de Cristina Kirchner) quien durante años ha intentado condicionar y manipular a la justicia en búsqueda de su propio beneficio, aunque no siempre haya obtenido los resultados esperados.

Dichos intentos han mostrado avances y retrocesos, porque en ocasiones la división de poderes logra imponerse. En efecto, el momento de mayor ambición por parte de Cristina Kirchner en esta materia terminó en un duro revés para su gobierno cuando su propio proyecto de reforma, la recordada “Democratización de la Justicia”, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en 2013, algo que la vicepresidenta no olvida.

Por el contrario, la organización que ganó relevancia pública a raíz de aquel intento, “Justicia legitima”, da cuenta del relativo éxito que tuvo el copamiento del poder judicial por parte de sectores kirchneristas en los años posteriores. Lo que no se logró por caminos institucionales, se buscó por otros medios.

Al margen de la suerte que pueda correr el proyecto de reforma impulsado por Alberto Fernández (la reforma podrá aprobarse por mayoría simple, pero el nombramiento de jueces requiere dos tercios del Senado, algo que el FDT no posee), lo que sorprende es el momento nada oportuno para el anuncio. Es cierto que ésta fue una de sus promesas de campaña, pero también es cierto que, ante las actuales circunstancias en las que se combina la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, el descalabro económico, la ola de inseguridad y la aún irresuelta negociación de la deuda, la reforma de la justicia parece ser sin duda una prioridad menor. Hace años que la Argentina tiene serios problemas que atañen a la calidad y al funcionamiento independiente de sus instituciones, sin embargo, no hay aquí una intención auténtica de resolverlos. El motivo real detrás de esta reforma es la impunidad: una “autoamnistía” a la medida de Cristina Kirchner.

El kirchnerismo no solo busca asegurarse la impunidad por medio del nombramiento y el control de jueces afines, también busca devolver el golpe. El deseo de venganza se encuentra presente en la cabeza de Cristina Kirchner y sus allegados. Su intención es hacer circular a los funcionarios del gobierno anterior por tribunales lo más posible, para que sientan el mismo temor y humillación que ella. Si los procesos judiciales iniciados son sostenibles o consistentes eso queda al margen.

Esto puede verse a las claras en las decisiones (y polémicas declaraciones) del juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse. El ahora exjuez procesó a los exministros Guillermo Dietrich y Nicolas Dujovne, y al extitular de Vialidad Nacional Javier Iguacel por presuntas irregularidades en la extensión en la concesión de peajes que habría beneficiado a la familia Macri. Ante el llamado a indagatoria, ni a Dietrich ni a Iguacel se les permitió ver las pruebas que existían en su contra. Esta embestida judicial contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos se acerca cada vez más a Mauricio Macri.

La causa iniciada por supuesto espionaje ilegal y el involucramiento directo de su secretario privado Darío Nieto implicó un llamado de atención para el expresidente. Por tal motivo, es que vuelve a especularse con que Macri podría buscar en 2021 una banca en la Cámara de Diputados para obtener fueros y quedar resguardado ante la arremetida K.

Los fueros son una protección para quienes actúan en el ámbito legislativo. El objetivo último es conservar la división de poderes, impidiendo que se encarcele a miembros de las otras ramas del Estado por razones políticas. Este derecho está garantizado por el artículo 69 de la Constitución Nacional que establece: “Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti”. Luego del escándalo por los sobornos que presuntamente se pagaron para la aprobación de la “ley de reforma laboral” bajo el gobierno de la Alianza, se aprobó en septiembre del 2000 la Ley de Fueros que estableció un marco de limitación. A partir de esta ley, un legislador no puede ser encarcelado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado por el cuerpo al que pertenece. Aunque sí puede llevarse adelante todo el resto del proceso judicial.

Cuando en 2017, Cristina Kirchner se presentó como candidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires también se especuló con lo mismo: iba en búsqueda de fueros ante las múltiples causas que pesaban en su contra. En efecto, la expresidenta logró así sortear los pedidos de prisión preventiva. Pero un elemento más jugó a su favor: la “doctrina Pichetto”. El exsenador rionegrino sostuvo siempre que para proceder con el desafuero de un integrante de la Cámara Alta debe existir antes sentencia firme (criterio que benefició también al expresidente Carlos Menem). Por tal motivo, el desafuero de CFK en el Senado nunca avanzó. Sin embargo, distinta fue la situación en la Cámara de Diputados, donde la “doctrina Pichetto” no prosperó. Vale la pena recordar que el 25 de octubre de 2017, los diputados aprobaron el desafuero del exministro de Planificación Federal Julio de Vido, que poco después terminó bajo arresto. La iniciativa fue aprobada por Cambiemos, el Frente Renovador, el Partido Socialista, el Bloque Justicialista y el Frente de Izquierda, entre otros.

En 2021, la Ciudad de Buenos Aires elegirá 13 nuevos diputados, uno de ellos podría ser Mauricio Macri si decide presentarse. O bien, cómo nació en la ciudad de Tandil, podría intentar competir por la provincia de Buenos Aires, que debe renovar 35 bancas. En un país en el que la política se juega también en los tribunales, los fueros no son poca cosa. Sin embargo, el antecedente del desafuero de Julio de Vido no es un dato menor: los fueros podrían no ser suficientes para eludir al poder judicial y el deseo de venganza K. Para el caso de Cristina Kirchner hizo falta también la “doctrina Pichetto” que prevaleció en la Cámara Alta. La Cámara de Diputados podría no brindarle al expresidente Macri el mismo resguardo.

Fuente: https://tn.com.ar/opinion/persecuciones-judiciales-la-busqueda-de-fueros-como-estrategia_1100459

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