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Optimismo: crecimiento y reformas en camino

12 septiembre, 2017
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Por Alberto Schuster

El autor es director de la Unidad de Competitividad de ABECEB y coautor del libro “Dueños del éxito”.

Las buenas perspectivas sobre las elecciones de octubre y mejores indicadores de coyuntura nos mostraron al gobierno en un modo optimista. Así, el ministro de Hacienda declaró hace unos días: “Se vienen 20 años de crecimiento para la Argentina”, lo que reafirma las grandes líneas de la política económica y refuerza el enfoque gradualista-externo-financiado, aunque sin dejar de mencionar la voluntad de continuar con reformas estructurales orientadas a una mayor competitividad.

Las estimaciones de los economistas convergen en una tasa de crecimiento del PBI para los próximos cinco años del 3% al 3,5%, en un escenario global en el cual Brasil se va recuperando lentamente, el precio de commodities se mantiene en los niveles actuales, las tasas internacionales de interés suben lentamente, se mantiene la accesibilidad al crédito y no hay “cisnes negros” a la vista.

Está muy bien el optimismo, luego de tantos años de irracionalidad económica, y de los ajustes que hubo y hay que hacer para ir gradualmente solucionando los problemas de la herencia recibida. Sin embargo, sería deseable crecer a tasas más altas, aunque debemos conformarnos, porque actualmente “es lo que hay”. El problema es que con este ritmo de crecimiento, que significa un incremento del PIB per cápita del 2%, será muy difícil bajar drásticamente los niveles de pobreza actual. Un 2% per cápita es un crecimiento por el cual apenas se crea empleo para los que se incorporan al mercado de trabajo, lo cual dejará a la tan deseable pobreza cero en el terreno de lo aspiracional.

Una tasa de crecimiento más alta luego del 2020-2022, cuando “lo que hay” deberá ser más virtuoso, sólo se logrará con una mayor competitividad; y se materializará con un cambio significativo en el marco institucional, la baja definitiva de la inflación, y reformas en aspectos clave.

En ese sentido, es auspicioso que se hable de una futura ley de responsabilidad fiscal, de reformas en la estructura impositiva, de las relaciones laborales y sus costos no salariales, y los proyectos de inversión público-privada para mejorar la infraestructura que, esperemos, no sean marginales y comiencen a funcionar antes del 2020. Alejarse gradual pero incesantemente de la estructura económica que prevaleció durante el gobierno anterior es clave porque el exuberante gasto público generó un sector privado asfixiado por el sector público.

Todo ello podría propender a la deseada lluvia de inversiones, que es la base de la mejora de la competitividad y el incremento de las exportaciones de manufacturas y servicios, imprescindibles para escapar de las restricciones de una economía basada exclusivamente en el consumo. Nuestro país es uno de los más bajos del mundo en la relación de comercio total respecto del PIB.

Para la competitividad del país hay un factor que debe ser considerado. Como afirmó el prestigioso economista Ricardo Arriazu: “Desde 2004 el costo laboral unitario medido en dólares se multiplicó por nueve, y al día de hoy es el doble que los vigentes a fines de la convertibilidad. Esta evolución es el resultado de incrementos de salarios que excedieron largamente las mejoras de productividad”. Hoy nuestro país detenta costos laborales que son los más altos de la región. Sin embargo, desde el punto de vista fáctico nada se puede hacer con ellos para lograr mejoras de competitividad por ser parte de nuestra estructura socioeconómica.

Si no se puede esperar demasiado por ese lado ni una depreciación relativa del tipo de cambio, debemos producir un giro copernicano en los componentes de nuestra productividad: impuestos y costos no remunerativos del trabajo, relaciones laborales, impuestos, infraestructura, logística y financiamiento. En ese sentido, bienvenidos sean los tan deseados, aunque difíciles, acuerdos políticos para su consecución.

Finalmente, las empresas deben ser conscientes de que su mejora o, en algunos sectores su supervivencia, no descansa sólo en lo que pueda hacer o no el Gobierno sino que también implica un imprescindible trabajo en su seno para modificar la competitividad estratégico-operativa.

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