¿Hay presos políticos en la Argentina?

30 de noviembre de 2019

Se sabe que la Justicia ha tenido y tiene fallos cuestionables. Pero sería preocupante que un segmento de la sociedad creyera que se violan en el país los derechos individuales.

Este último jueves, se realizó una movilización bajo la consigna “Navidad Sin Presos Políticos” frente a los tribunales de Comodoro Py, convocada por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exvicepresidente, Amado Boudou; el dirigente político y piquetero Luis D’Elía; el exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, para reclamar por su libertad.

Más allá de la poca o mucha cantidad de asistentes, se generó una polémica alrededor de la idea de si efectivamente en la Argentina hay presos políticos. Lo cierto es que un sector importante de la izquierda y del kirchnerismo están convencidos de ello, y esto no sólo resulta polémico, sino que puede derivar en situaciones muy complejas. En particular, sería preocupante que un segmento, aunque sea minoritario de la sociedad, creyera efectivamente que se violan en el país los derechos individuales. Esto implicaría un retroceso enorme en términos de cultura cívica y expresaría un flagrante desacuerdo respecto de lo que significa la administración de justicia en una sociedad democrática, junto con otras consideraciones básicas de índole institucional.

"Llama la atención que existan dudas respecto del juicio del Caso Ciccone, que condenó a Boudou" (Foto EFE).
«Llama la atención que existan dudas respecto del juicio del Caso Ciccone, que condenó a Boudou» (Foto EFE).

En particular, llama la atención que existan dudas respecto del juicio del Caso Ciccone, que condenó a Boudou por «cohecho pasivo» y «negociaciones incompatibles con la función pública», por el cual está empezando a cumplir su sentencia. O respecto de la tragedia de Once, por la que De Vido fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por “administración fraudulenta”. Por supuesto, se sabe que la Justicia argentina ha tenido y tiene fallos cuestionables; que han quedado impunes muchos casos de corrupción o episodios escandalosos como el atentado a la Amia o la muerte del fiscal Nisman, por citar solo algunos. Existen innumerables casos paralizados, de los que nada se sabe y que tienen una sombra de impunidad. Pero que se ponga en duda la lógica de esos procesos o que se denuncie que existió un sesgo en la Justicia en contra de determinados personajes, es algo que debe alarmarnos.

Si quienes afirman que hay presos políticos en Argentina en realidad están tratando de defender a compañeros de lucha, con los cuales han compartido sueños, si todo se remite a una cuestión de fidelidad o de compañerismo mal entendido, se trataría entonces de un argumento estrictamente político. Uno puede rechazarlo o compartirlo, pero quedaría acotado a esa dimensión. Por el contrario, si efectivamente hay segmentos relevantes, aunque minoritarios que genuinamente creen que tenemos presos políticos y no personas que hicieron política y por diversos motivos pueden estar presas luego de procesos judiciales imparciales y en los que se han respetado el debido proceso, el problema es muchísimo más grave.

Luis D´Elía, uno de los dirigentes por los que fue convocada la marcha (Foto DyN-archivo)
Luis D´Elía, uno de los dirigentes por los que fue convocada la marcha (Foto DyN-archivo)

Por otro lado, se escuchan opiniones muy convincentes respecto de la mala utilización o exageración en el uso de las prisiones preventivas, llegando incluso a cometerse alguna injusticia al respecto, en el sentido de que mucha gente que efectivamente estuvo presa no debió haber estado. Incluso el papa Francisco se refirió al uso arbitrario de la prisión preventiva y al denominado “lawfare” denunciando que “se verifica periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados”. Más aún, el propio presidente electo, Alberto Fernández, advirtió que quiere “jueces dignos y fiscales probos, que simplemente impartan Justicia y no jueces y fiscales que usan su poder como elemento de presión. Lo hemos vivido todos, lo vivió Cristina y ahora lo va a vivir Macri. Han guardado cien denuncias contra Macri para presionarlo. Yo la verdad nunca lo hice y no lo voy a hacer. No voy a hacer política en los tribunales”.

Pero ¿es esto lo que pasa en Argentina? ¿Puede uno considerar a alguien que, según la investigación judicial, mandó a destruir evidencia, como es el caso de Julio De Vido en la causa de Río Turbio, un preso político? ¿O es un exfuncionario que cometió potencialmente delitos y está investigado y procesado por eso? El procesamiento tiene confirmación, avanzó la investigación judicial y los jueces han decidido que lo mejor es que esté preso por riesgo de fuga o porque podía seguir interfiriendo en la investigación; ¿lo vuelve eso un preso político?

¿Puede alguien considerar a De Vido, que mandó a destruir evidencia, como un preso político? (Foto Reuters).
¿Puede alguien considerar a De Vido, que mandó a destruir evidencia, como un preso político? (Foto Reuters).

Analizando en términos comparativos con lo que pasó en Brasil, con cierta perspectiva histórica y contando con más información, se podría decir que en el caso del Lava Jato la investigación pudo haber sido exagerada y que se inclinó la cancha en contra de Lula y otros miembros de su entorno. El nombramiento del juez Moro como funcionario de Bolsonaro, quien se vio beneficiado con la no participación electoral de Lula da Silva como consecuencia de su situación procesal, refuerza las sospechas al respecto.

Sin embargo, no parece ser una analogía apropiada para pensar lo que está ocurriendo en la Argentina. Aquí no se persigue a nadie per se, por su ideología o pensamiento político, sino que, en todo caso, se someten al escrutinio, a la investigación judicial, temas y denunciados que por lo menos son polémicos y que cuentan con evidencia suficiente como para habilitar una investigación por parte de jueces y fiscales.

Más allá de estos casos en particular y de los nombres que pueden ser controversiales tengamos en cuenta que aquí puede haber situaciones que nos invitan a reflexionar. Si un grupo relevante de actores políticos y sociales considera realmente que hubo persecuciones, entonces es que se han hecho las cosas mal. Lo ideal es que todos los ciudadanos estemos tranquilos y seguros de que no se han vulnerado ni podrían vulnerarse los derechos de nadie, sino que lo que se buscaba era simplemente el esclarecimiento de hechos al menos polémicos. Y si alguien fue encontrado culpable, es necesario que la sociedad, mediante la Justicia, tome las medidas necesarias para que haya una condena justa y proporcional al daño eventualmente realizado.

Considero firmemente que en Argentina no hay presos políticos. Sí hubo mecanismos que en todo caso deben ser revisados por la justicia, que pueden haber generado enormes dudas, que fueron muy polémicos, donde probablemente los medios de comunicación tuvieron un rol muy importante.

Vale la pena destacar que el propio presidente electo evitó hablar de presos políticos. En declaraciones de estas últimas horas, Alberto Fernández afirmó “un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso. En la Argentina, lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa”. Sus declaraciones van a contramano de lo que sostienen los dirigentes más radicalizados del Frente de Todos, y ofrecen una luz de esperanza para que la cuestión pueda ser tratada en la nueva etapa que está por comenzar de forma sensata y mesurada para cada caso en particular.

Fuente: https://tn.com.ar/opinion/hay-presos-politicos-en-la-argentina_1014408

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