El polémico episodio en la Cámara de Diputados pone de manifiesto la dificultad que tuvo el oficialismo para alcanzar quorum y que la dinámica de confrontación sigue imperando. El jueves pasado estalló una polémica en la Cámara de Diputados a raíz de la presencia en el recinto del diputado Daniel Scioli, designado embajador en Brasil, que permitió al oficialismo alcanzar el quorum necesario (129) para iniciar la sesión para el tratamiento del proyecto enviado por Alberto Fernández destinado a terminar con las jubilaciones de privilegio. Este hecho provocó el retiro de los representantes de Juntos por el Cambio, aduciendo que "Scioli no es más legislador, sino embajador argentino en Brasil y no ha renunciado a su cargo”, según lo expresara el jefe del interbloque opositor, Mario Negri. Este argumento fue rápidamente refutado por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa: "hasta que el cuerpo no acepte la renuncia del diputado, Scioli sigue siendo diputado. Y este cuerpo no ha tratado la renuncia del diputado Scioli". A lo que se sumó la acotación del propio exgobernador bonaerense acerca de que "era mi responsabilidad cumplir con mi tarea de diputado hasta que esté formalizada mi designación como embajador en Brasil", que recién se hará el 3 de marzo. Además, “esto no ha sido publicado en el Boletín Oficial y no ha salido todavía el decreto presidencial”. Así, con la ausencia del principal bloque opositor y con 128 votos a favor y dos abstenciones (de la izquierda), se logró dar media sanción a la ley que modifica el sistema jubilatorio del Poder Judicial, recortando las jubilaciones de regímenes especiales de los jueces, funcionarios judiciales y diplomáticos. No es la primera vez en la historia reciente de nuestro país que suceden estos artilugios, que podrán ser controversiales, pero resultan legales. En tal sentido, descartamos la comparación con los “diputruchos” instalada por la oposición, cuando en 1992, sentaron a colaboradores de diputados justicialistas, que ni siquiera eran legisladores nacionales, como Juan Abraham Kenan, asesor del diputado Julio Manuel Samid (hermano de Alberto), que permitieron que el oficialismo lograra el quorum necesario de 130 diputados para aprobar la privatización de Gas del Estado. Como antecedente contamos con lo ocurrido el 30 de julio de 2001, durante el gobierno de la Alianza, cuando el senador santiagueño Omar Vaquir fue clave para que se sancione la Ley del Déficit Cero. Fue el único de la bancada del PJ que, desobedeciendo a su bloque, votó a favor de cada uno de los artículos propuestos por el presidente Fernando De la Rúa. Especialmente el número 10, que establecía que el Estado no podrá gastar más de lo que recaude, que se aprobó por 22 sufragios a 21. Así justificaba su conducta: "Todo embajador es un representante de su presidente y, por lo tanto, tenía que votar la iniciativa del Poder Ejecutivo". Si bien su nombramiento como embajador contaba con visto bueno del Senado desde el 6 de junio, la designación de Kuwait como su destino se conoció horas antes de la votación y su renuncia recién fue aceptada el 9 de agosto. Otro episodio similar transcurrió el 14 de diciembre de 2017 en la Cámara de Diputados, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el oficialismo trató de aprobar la reforma previsional con la presencia de dos de sus legisladores electos, Astrid Hummel y Jorge Enríquez, que aún no habían jurado, pero gracias a los que se habría llegado al quorum. Una maniobra más reciente por obtener quorum fue a poco de asumir el gobierno del Frente de Todos, cuando la oposición amenazó con no presentarse en la Cámara de Diputados para impedir que se trate el primer paquete de leyes impulsado por Alberto Fernández, el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En la misma sesión se tomaría juramento a 23 diputados que reemplazarían a aquellos que habían renunciado para ocupar cargos ejecutivos en los gabinetes nacional y provinciales. Ante tal escenario el oficialismo evaluó una estrategia completamente legal: que varios de estos flamantes funcionarios pidan una licencia por 24 horas para volver momentáneamente al Congreso, que aún no había aceptado sus renuncias, para ocupar sus antiguos roles. Entre ellos se encontraban: Daniel Arroyo (Desarrollo Social); Agustín Rossi (Ministro de Defensa); Victoria Donda (titular del Inadi), Juan Cabandié (Ambiente), Felipe Solá (Canciller), Eduardo “Wado” De Pedro (Interior); Horacio Pietragalla (Secretario de Derechos Humanos); Luis Basterra (Agricultura); Luana Volnovich (PAMI); Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología); Fernando Espinoza (intendente de La Matanza) y Daniel Scioli (embajador en Brasil). Finalmente, no fue necesario porque Juntos por el Cambio se presentó en el recinto y no obstaculizó la jura de sus reemplazantes. Por otro lado, en la misma situación que Scioli se encontró en su momento Martín Lousteau, cuando fue designado embajador en Estados Unidos a través de un decreto firmado por Macri el 18 de enero de 2016 y la Cámara de Diputados recién aprobó su renuncia el primero de marzo. Y se encuentra también Elisa Carrió, en el sentido de que sigue siendo un miembro de la Cámara de Diputados, aunque se encuentre de licencia y a pesar de haber presentado su renuncia el 29 de octubre pasado, esta se hará efectiva recién este domingo. Pero, más allá de estos ejemplos, la importancia de este último episodio es que pone de manifiesto, por un lado, la dificultad que tuvo el oficialismo para alcanzar quorum en la Cámara de Diputados, ya que, a pesar de contar con 118 legisladores del Frente de Todos, necesita el apoyo de 11 más, y como en este caso, resulta muy dificultoso lograrlo. Y por el otro, que aún temas donde hay acuerdo, como el caso de recorte a las jubilaciones de regímenes especiales, que contaba con el consenso de las principales fuerzas políticas, no se hayan podido debatir, en una sesión lógica, en el Congreso. El texto enviado por la Casa Rosada sufrió algunas modificaciones, pero rechazó la petición de Juntos por el Cambio: una cláusula transitoria para garantizar que los jueces en condiciones de jubilarse puedan acogerse al régimen actual, lo cual despertó naturalmente suspicacias de que era una excusa para forzar el retiro de un número importante de fiscales y jueces vinculados a casos de corrupción. Y es esta rigidez innecesaria por parte del gobierno fue la que disparó este conflicto y explica lo de Scioli. Se suponía que la Argentina abandonaría la grieta, que iba hacia una lógica de consenso, que se habían alcanzado acuerdos por ejemplo respecto de la cuestión del hambre. Sin embargo, pareciera que se trataba de una expresión de deseos: la dinámica de confrontación sigue imperando, incluso dentro de las dos principales coaliciones. En este caso, no había discrepancias de fondo, sino de formas y esto no hace más que poner de manifiesto problemas funcionales muy significativos de nuestro sistema político. Fuente: https://tn.com.ar/opinion/el-problema-no-es-scioli_1038478