Democracia, el control de la calle y la agenda pública

16 de septiembre de 2019

El ejemplo es preocupante. Parecería que para que el Congreso funcione lo que hay que hacer es cortar la calle. El problema es que puede haber un efecto demostración y otros actores puedan empezar a actuar de forma similar para lograr réditos.

Las primeras semanas de septiembre, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en otros puntos del país, se vivieron constantes jornadas de cortes y marchas. Esta nueva ola de movilizaciones se da en el contexto del debate por la emergencia alimentaria, lo cual se ha transformado en uno de los principales reclamos de los movimientos sociales.

Así, llega al Congreso un proyecto que empezó como iniciativa de movimientos sociales y que cuenta con el apoyo de la iglesia católica, la CGT, la Unión Industrial Argentina y gran parte del arco opositor y que se elaboró a partir de 12 iniciativas de los bloques de Diputados del Frente de Todos, el Justicialista, el Frente Renovador de la Concordia (Misiones) y la Unidad Justicialista de San Luis. El proyecto propone prorrogar hasta 2022 un decreto firmado por el expresidente Eduardo Duhalde y que vence en diciembre de este año. Se establece un aumento inmediato del 50% en las partidas del gobierno nacional para alimentación y nutrición y otorga facultades al Jefe de Gabinete para actualizar esas partidas presupuestarias según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El pasado jueves, con la media sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria finalmente se descomprimió levemente el conflicto que tenían a las calles de la Ciudad de Buenos Aires como protagonistas. Al margen de las imágenes de cómo quedó la avenida 9 de julio o las inmediaciones del Congreso, fue muy sorprendente la velocidad con la cual el Congreso reaccionó a esta presión de grupos piqueteros para lograr la media sanción.

Policìas y manifestantes cara a cara (Foto EFE)
Policìas y manifestantes cara a cara (Foto EFE)

 

Si bien el tema requiere un análisis más profundo, vale la pena recordar que en democracia hay instituciones, mecanismos para que las demandas de la sociedad sean canalizadas de forma tal de poder definir prioridades y adjudicar recursos presupuestarios en función de lo que, justamente, las instituciones definan como cuestiones de primer orden. Por supuesto, hay situaciones que implican la necesidad de reaccionar de manera más rápida, muchas veces cambiando de prioridades, porque de eso se trata, de emergencias e, indudablemente, desde el 12 de agosto estamos viviendo una emergencia en un país que ya se encontraba en una profunda crisis.

Respecto de estos reclamos es positivo que las instituciones reaccionen frente a una situación que inequívocamente es una emergencia, de hecho, en la media sanción de Diputados hubo un amplísimo consenso en incrementar el presupuesto y llegar con ayuda a sectores vulnerables que están padeciendo las consecuencias de esta crisis tan profunda. Sin embargo, representa un simple paliativo, no se trata de solucionar los orígenes de la crisis. Y en un país que exporta alimentos para más de 400 millones de personas que haya argentinos que no tengan acceso a un plato de comida, es intolerable no solo desde el punto de vista político, social o humanitario, se trata de una cuestión moral.

Existe otra lectura, menos positiva, de lo que ocurrió la semana pasada: indudablemente el ejemplo que se está dando es preocupante porque parecería que instituciones que en general funcionan mal o poco (especialmente en años electorales), como el Congreso de la Nación, cuando hay fuertes movilizaciones y se interrumpe el tránsito, entonces lo hacen. Es decir que para que el Congreso funcione lo que hay que hacer es cortar la calle. El problema central aquí es que puede haber un efecto demostración por el cual otros actores sociales o políticos que pretendan que el Congreso reaccione tan rápidamente, tal vez en temas no tan urgentes, puedan actuar de forma similar.

Y si esto ocurre, no solamente la ciudad se vuelve un aquelarre sino, fundamentalmente, vacía de contenido al sistema democrático. Porque las instituciones que tienen que mediar en el conflicto, que tienen que seleccionar, priorizar, procesar los temas que son demandas de la sociedad para que efectivamente se debatan en la arena pública, en la arena institucional y definan cuántos recursos, si es que los requieren, o qué medidas hay que tomar para solucionar esas demandas, todo esto queda básicamente descartado.

Manifestaciòn en Plaza de Mayo en reclamo por la emergencia alimentaria (Foto EFE)
Manifestaciòn en Plaza de Mayo en reclamo por la emergencia alimentaria (Foto EFE)

 

Nos dirigimos hacia a una dinámica de acción directa y respuesta de recursos como paliativo o no, frente a demandas que llegan a la calle antes de pasar por las instituciones. Debemos estar atentos a esto porque, al margen de estas reacciones en particular en un contexto de emergencia, estamos ante un peligro enorme y es que sectores de la sociedad que tal vez no se sientan cercanos a los partidos o han sido decepcionados por los partidos de izquierda, de centro y de derecha, prefieran salir a la calle y utilizar mecanismos incluso extorsivos, o de enloquecer a la ciudad de Buenos Aires, simplemente para conseguir que sus demandas tengan estado público y puedan imponerse en una agenda parlamentaria que está prácticamente vacía.

Esto es preocupante porque debilita aún más a nuestra frágil democracia y también permite una última reflexión: en la Argentina los partidos nunca fueron demasiado importantes, lo que constituyó uno de los problemas que siempre ha tenido y tiene la democracia, pero contábamos con corporaciones fuertes. Los sindicatos eran corporaciones significativas, las Fuerzas Armadas, en algún sentido funcionaban como una corporación política, con sectores del establishment detrás de ellos; los empresarios funcionaban de forma relativamente corporativa y este corporativismo bloqueaba la democracia, pero generaba una suerte de canalización de los conflictos, aunque de forma poco eficaz.

En esta oportunidad lo que estamos viendo es que, como consecuencia de las crisis, de las reformas, de la poca capacidad de respuesta del Estado y de un sistema político que realmente es raquítico, anoréxico, estas corporaciones fueron perdiendo peso relativo. Lo cual tiene un lado bueno y otro malo porque debería haber posibilitado el resurgimiento de los partidos y de una dinámica democrática más robusta, pero, por el contrario, la desaparición de estas corporaciones, en todo caso, lo que llevó es a una política que se hace en las calles. Es decir, lejos de haber permitido o incentivado un fortalecimiento de la democracia de partidos, de los mecanismos institucionales, lo que ha generado es un estímulo para el control de la agenda política mediante la ocupación de las calles, que tiene un sentido participativo democrático, en términos de la tradición movilizacionista, pero poco tiene que ver con la Constitución Nacional, con las leyes, con el debate en el Congreso, con la dinámica estrictamente democrática.

Esto profundiza una falla del sistema, la pone de manifiesto, pero de ninguna manera hace nada para solucionar esa falla. Sin duda, es un tema que hay que repensar porque estamos frente a una situación donde si esto termina convirtiéndose en un hecho más frecuente, la política ya no se va a hacer en las instituciones, ni en las corporaciones y pasa casi a un estado hobbesiano, donde gana el más fuerte, el que tiene más capacidad de extorsión, donde el movilizacionismo y la puja por el control de la agenda vuelve caótica cualquier discusión seria de política pública.

Fuente: https://tn.com.ar/opinion/democracia-el-control-de-la-calle-y-la-agenda-publica_994661

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