Congreso digital: calidad democrática, transparencia y austeridad

27 de abril de 2020

Mientras el poder Legislativo argentino debate cómo funcionar en tiempos de coronavirus, en el resto de los países afectados los congresos siguieron funcionando ininterrumpidamente.

Desde el punto de vista institucional, esta última semana estuvo llena de señales preocupantes, sobre todo por comportamientos de segmentos radicalizados del kirchnerismo que desplegaron un conjunto de acciones que se diferencian de la tónica moderada y enfocada en la gestión de la pandemia que predomina en el conjunto del gobierno.

En primer lugar, sobresale la intercesión del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti ante el pedido de prisión domiciliaria del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, por la posibilidad de contagio de Covid-19, debido a su debilitado estado de salud. La polémica que abrió fue tal que debió presentarse ante el mismo Alberto Fernández a dar explicaciones, ya que ni el presidente ni la ministra de Justicia, Marcela Losardo, estaban al tanto de la situación. Se trata de uno de los personajes más controversiales de toda la era K, que confesó haber recibido coimas y que cumple una sentencia que fue ratificada en instancias superiores.

En segundo lugar, la mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, reaccionó con dureza al dictamen del procurador de la Corte, Eduardo Casal, ante el pedido de CFK (realizado el 14 de abril) para que la Cámara Alta pueda sesionar de manera virtual y que sea la Corte Suprema quien garantice la validez de esas sesiones. «La historia de los pueblos se puede escribir con sangre o con razones (…) Es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora, si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual», tuiteó Peñafort, quien es además la abogada defensora del exvicepresidente Amado Boudou.

La decisión de Casal se basó en la jurisprudencia del cuerpo en el sentido de que no había un “caso” concreto aún para que el Alto Tribunal se expidiera, sino de una hipótesis; y que de haberlo tampoco se trata de un tema en que deba intervenir la Corte porque de esta forma el Poder Judicial estaría invadiendo la competencia constitucional de otro Poder del Estado, fallando sobre el funcionamiento del Congreso.

Posteriormente, en consonancia con la línea propuesta por el procurador, el fallo de la Corte Suprema avaló que el Congreso sesione y sancione sus leyes bajo sus propias formas, ratificando la idea de la independencia de poderes: «El Senado de la Nación tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; por lo cual se rechaza la acción iniciada». Nada en nuestra Carta Magna impide que no puedan realizarse reuniones remotas, y “si no está prohibido, está permitido”.

Incluso, el juez Horacio Rosatti expresó que junto con los restantes jueces modificaron el reglamento de la Corte para poder sesionar de forma no presencial, agregando que “no le incumbe a este Tribunal expedirse sobre la forma en que el Senado debe resolver su trabajo en el futuro”.

De esta manera, se da por finalizada la cuarentena del Poder Legislativo, cuyas sesiones plenarias estaban suspendidas por la pandemia de coronavirus. Desde el 17 de marzo, el Senado había dispuesto que sólo sesionaría para tratar proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y mediante la Resolución N° 0487/20 dispuso la instrumentación de los mecanismos necesarios para que el funcionamiento de las comisiones constituidas y por constituirse se desarrolle por videoconferencia.

Por otro lado, la Cámara de Diputados estuvo mucho más activa. Sergio Massa, presidente del cuerpo, dispuso el 17 de marzo, por la Resolución N° 611/20, que las reuniones de comisiones se realicen por Zoom o Webex Meetings y las salas de robótica del cuerpo. Desde el 20 de marzo, cuando comenzó a implementarse el aislamiento social preventivo y obligatorio, se realizaron dieciséis reuniones virtuales de comisión con la presencia de catorce ministros (Educación, Salud, Desarrollo Social, Transporte, Agricultura, Defensa, Relaciones Exteriores, Seguridad, Género y Diversidad, Trabajo entre otros). Además, aseguró que el software desarrollado por la empresa estatal ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones) permitiría validar la identidad de los legisladores a través del rostro a los fines del control del quorum y la votación. Sin embargo, la implementación de este mecanismo requiere una modificación del reglamento, que para el oficialismo puede resolverse de manera remota y para Juntos por el Cambio amerita necesariamente una sesión presencial, a pesar de las recomendaciones de las autoridades sanitarias que desaconsejan las reuniones plenarias.

 

En esto días, circuló un informe privado entre los legisladores que comparaba las necesidades y requerimientos que conllevaría la realización de una sesión parlamentaria en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación según sea la modalidad presencial o remota. Para la modalidad presencial se tuvo en cuenta la Cantidad de Personal por área, cubierta por guardias mínimas para la cobertura de servicios esenciales; los 256 diputados y 3 asesores para cada uno de ellos. En el rubro Movilidad, Traslados y Hospedaje, sólo para los legisladores y un asesor, excepto para CABA y Provincia de Buenos Aires, y para el 50% de los provenientes de la provincia de Santa Fe.

También se calculó un servicio de catering para una sesión extensa sobre 257 personas e insumos y elementos de prevención, como 900 copias de la orden del día, 257 envases de alcohol en gel de 250ml y 500 tapabocas. El gasto que implicaría esta sesión presencial ronda los 5.700.000 pesos, si la movilidad fuera por vía área y de 2 millones menos si fuera por vía terrestre. El costo estimado en concepto de insumos varios para la sesión remota es de apenas 16.800 pesos, lo que implica un ahorro muy significativo, además de facilitar el involucramiento de la ciudadanía que podría seguir en tiempo real (por diferentes plataformas digitales casi sin costo adicional) la actividad del Congreso.

Pero mientras el Congreso argentino debate cómo legislar en tiempos de coronavirus, en el resto de los países afectados también por la pandemia los poderes legislativos siguieron funcionando ininterrumpidamente y cumpliendo su rol de no sólo sancionar leyes sino de servir de control político, interpelando y exigiendo rendiciones de cuenta a los respectivos poderes ejecutivos.

Según un reciente informe de Directorio Legislativo, titulado “El desafío de adaptar y fortalecer el rol de los Congresos”, cuatro poderes legislativos a nivel regional comenzaron a sesionar en forma virtual: Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay. Por ejemplo, uno de los pioneros en América del Sur fue Brasil, que reguló un Sistema de Deliberación Remota (SDR) para la realización de sesiones extraordinarias mientras dure la emergencia por coronavirus. Los puntos del temario son consensuados de antemano por los líderes de las bancadas. El SDR permite el acceso de 600 usuarios simultáneamente, grabación de los debates y exportación de las votaciones, así como la realización de sesiones plenarias mixtas, presenciales y remotas.

En el caso de Chile, ambas Cámaras aprobaron una reforma constitucional para sesionar por medios telemáticos en los casos excepcionales y con un procedimiento de voto electrónico que sea personal, fundado e indelegable. Así, los legisladores pueden sesionar tanto de forma presencial como virtual. El protocolo para estas sesiones remotas establece que deben realizarse una vez por semana, previo aviso de uso de esta modalidad, contando cada legislador con 5 minutos para las intervenciones y 5 para la fundamentación de su voto. Mientras que otros seis países, la Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá y Perú se encuentran en la etapa de modificación de sus respectivos reglamentos.

Esperemos que ahora que en la Argentina hay efectivamente una invitación a la utilización de tecnología sirva para facilitar, modernizar y agilizar el funcionamiento de las instituciones. El coronavirus puede ser una buena excusa para dar un salto hacia adelante en ese sentido.

Fuente: https://tn.com.ar/opinion/congreso-digital-calidad-democratica-transparencia-y-austeridad_1065612

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